Respecto a la Oferta Público de Empleo 2016

La Administración ha presentado a la Mesa General de Negociación la oferta de empleo público de 2016, que consiste, para el personal funcionario, en 87 plazas libres y 45 de promoción interna, y, para el personal laboral, en 38 plazas en turno libre y 90 de promoción interna, que se acumularán al turno libre sólo en el caso de que no se cubran por promoción interna.

Esta oferta es absolutamente insuficiente para las necesidades de la Administración y totalmente ridícula respecto a las plazas vacantes existentes, que, según la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, deben conformar “la oferta de empleo de la Administración del Principado de Asturias en el ejercicio correspondiente” (art. 40). La Administración no nos ha ofrecido datos precisos de las vacantes existentes, ni tampoco del conjunto de plazas que quedaron vacantes en 2015 y que constituirían el techo establecido por la llamada “tasa de reposición”, pero estimamos, según los datos del último concurso, que existen en torno a 1500 vacantes laborales y 500 funcionarias, por lo que el porcentaje de interinidad del personal laboral es del 33,3 %, esto es, la tercera parte; muy por encima de lo razonable. Y lo que ofrecen cubrir con esta OEP es, en el mejor de los casos, el 8,53 % de las plazas interinas en laborales y el 17,4 % en personal funcionario. A todas luces, una miseria. Es aún más miserable teniendo en cuenta que es la primera que se convoca en el ámbito de la Administración Autonómica desde 2009, y la anterior fue en 2006 y no se llegó a ejecutar en su totalidad.

La justificación en la “tasa de reposición” es totalmente insuficiente, dado que no se ofrecen datos precisos de cuál sería el techo que legalmente la Administración del Principado no puede superar (bajas de 2015), y que, por otra parte, son muchos los colectivos afectados que cuentan con una tasa de reposición del 100 % y la posibilidad de trasladar y acumular plazas. Como en otras cuestiones, es una excusa que el Gobierno del Principado de Asturias utiliza para, escudándose en la normativa estatal del PP, ejecutar su propia política de precarización de las condiciones de trabajo de lxs empleadxs públicxs en función de sus propios intereses.

La OEP 2016 pone de manifiesto, una vez más, el interés del gobierno asturiano de mantener una alta tasa de interinidad en sus plantillas, que supone mantener un colectivo de trabajadores/as que no pueden ejercer plenamente sus derechos, ni la libertad e independencia que se exige a lxs empleadxs públicxs, dado que están subjetivamente presionados para responder con docilidad a cualquier exigencia que se les plantee y con los que se vulnera sistemática y permanentemente los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública. Más aún cuando, en reacción de oposición y rebeldía a una sentencia judicial, la administración ha comunicado recientemente a los sindicatos su decisión de dejar de llamar desde el primero de la lista de personal interino cuando se ofrece un contrato de superior categoría, que la administración sólo reconocía al contrato relevo (la sentencia dice que debían hacer lo mismo cuando se tratara de una vacante), dando pie a todo tipo de corruptelas y trapicheos para hacer coincidir los contratos “buenos” con personas a las que les puede llegar información privilegiada. Esto sumado al personal de “libre designación” empeora claramente la democratización de los servicios públicos.

Por otra parte, contar con una tasa alta de interinidad facilita al gobierno continuar con su política de privatización sistemática y encubierta de los servicios públicos que llevamos observando desde hace años y que se da en todos los niveles profesionales: desde las “consultorías” encargadas a empresas externas, que podrían y deberían ser llevadas a cabo por empleados/as públicos/as con la especialización necesaria, de los que en muchas ocasiones se dispone, hasta la subcontratación de los servicios de limpieza, pasando por la “externalización” de servicios esenciales como es la atención a las personas más vulnerables (ancianxs, menores, enfermxs) en numerosas entidades privadas: Unidades de Atención Temprana, geriátricos, casas de acogida, sanidad, etc.

No hace falta ser muy mal pensados para sospechar que hay una relación entre la decisión de hacer una oferta de empleo ridículamente pequeña y tener las manos libres para continuar en el proceso privatizador. Más aún cuando durante años y años la Administración se ha negado a emprender el proceso de revisión del Catálogo y de la R.P.T. necesario para realizar un proceso de modernización de la Administración negociado con lxs empleadxs públicxs, con suficiente planificación para prever y posibilitar la formación de los/as mismos/as para adaptarse a las exigencias actuales del servicio público.

En conjunto, la política de personal que se refleja en esta Oferta de Empleo Público 2016, que, además, se presenta a la Mesa General de Negociación sin diálogo previo sectorial, es una política que continúa dando espacio a la corrupción, el nepotismo, la improvisación y, en conjunto, el deterioro y desmantelamiento de los servicios públicos.
Por todo ello, desde la Corriente Sindical d’Izquierda EXIGIMOS a la Administración:

1. Que publique los datos reales de vacantes generales y de las producidas cada año (base de la tasa de reposición), identificando y negociando con lxs representantes de lxs trabajadorxs cuáles son los sectores prioritarios.
2. Que amplíe la OEP de manera sustancial de manera que reduzca significativamente la tasa de interinidad tanto en personal laboral como funcionario.
3. Que convoque ya a lxs representantes de lxs trabajadorxs a la negociación y revisión del Catálogo y de la Relación de Puestos de Trabajo para poner en marcha los procesos de formación efectivamente adecuados a las necesidades del servicio público.
4. Que cumpla con los principios de Mérito, Igualdad y Capacidad.

Estos son pasos imprescindibles no sólo para la dignidad de lxs empleadxs públicxs,
sino para la calidad y ética del servicio público, que pasa por la cualificación, estabilidad,
promoción y participación de lxs trabajadorxs; esto es, por una política de personal seria