La CSI exige a la fiscalía superior de Asturies, acciones contra la corrupción

La Corriente Sindical d’Izquierda (CSI) exige que la Fiscal Superior de Asturies pase de las palabras a los hechos y cumpla con su obligación de perseguir los delitos de cuello blanco, entre ellos la privatización fraudulenta de Cajastur, y que se acabe la impunidad para los delincuentes con poder político y económico.

Ante las declaraciones efectuadas por la Fiscal Superior de Asturies, en el sentido de que se “ha levantado la liebre” respecto a la persecución de los delitos de corrupción, la Corriente Sindical d’Izquierda de Cajastur exige que la Fiscalía asturiana cumpla con su deber y abandone la política de mirar para otro lado que ha llevado hasta ahora cuando los presuntos delincuentes son personajes con poder político y económico.

En contraste con la dureza que ha mostrado a la hora de pedir penas de cárcel para decenas de trabajadores y trabajadoras asturianas con acusaciones de participar en movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo, la Fiscalía ha ignorado hasta ahora todas las tramas de corrupción que operan en Asturies, cuya existencia es pública y notoria y cuyo funcionamiento es de sobra conocido por la ciudadanía.

La Fiscalía asturiana, incumpliendo con sus obligaciones, no solamente no ha perseguido de oficio los delitos de cuello blanco, sino que, al contrario, lleva tiempo actuando como abogado defensor de quienes tienen un cierto estatus social, político y económico.

En el caso de la privatización de Cajastur, una estafa de mayúsculas dimensiones, la Fiscalía asturiana no ha impulsado ningún tipo de investigación acerca de las decisiones tomadas por los Consejos de Administración de la entidad que, para beneficio de unos pocos, ha acabado por ser liquidada sin que ninguno de los responsables haya tenido que responder ante la Justicia.

Para mayor abundamiento, ante la denuncia presentada por la CSI contra los directivos de Cajastur sobre la operación de La Talá, una trama de especulación urbanística ligada a la corrupción política, que supuso unas pérdida de más de 30 millones de euros para Cajastur, la Fiscalía, a pesar de un contundente informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, afirma que no ve indicios de delito y recomienda su archivo y sobreseimiento.

La CSI exige a la Fiscal General de Asturies que demuestre con hechos sus declaraciones acerca de su voluntad de perseguir la lacra de la corrupción y que deje de aplicar un doble rasero en función del nivel político, social y económico de los presuntos delincuentes.