Por una investigación que depure responsabilidades por la intoxicación de cloro en las piscinas municipales de Avilés

CSI-AYUNTAMIENTU D’AVILÉS

El 7 de noviembre de 2008 se producía en la piscina municipal avilesina de La Magdalena, una intoxicación por cloro de 4 trabajadores. Las lesiones de dos de ellos provocaron secuelas irreversibles tan graves que dieron lugar a su jubilación por incapacidad para seguir trabajando. Otros trabajadores, que resultaron también intoxicados, pudieron continuar en su puesto de trabajo.

Ahora, en 2014, la Seguridad Social y el Tribunal Superior de Justicia dictaron, en distintas informes y sentencias, la responsabilidad del Ayuntamiento en este accidente.

Así, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó una Resolución en la que se declaraba:

1-La existencia de responsabilidad empresarial (Ayuntamiento de Avilés) por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por el accidente sufrido en las piscinas municipales de Avilés el 7 de noviembre de 2008.

2-La procedencia de que las prestaciones de incapacidad temporal derivadas del accidente de trabajo citado y de todas aquellas prestaciones de seguridad reconocidas o que se pudieran reconocer en el futuro, derivadas del mismo accidente de trabajo, sean incrementadas en un 30%.

Como consecuencia de ello, la Administración se declaró responsable del pago del consiguiente recargo de prestaciones a los trabajadores afectados. De este modo, la cantidad de dinero que el Ayuntamiento debe abonar a los trabajadores por su responsabilidad en este accidente, asciende a unos 360.000 €, de los cuales 160.000 corren a cargo de las aseguradoras, en concepto de indemnizaciones, y unos 200.000 a cargo de las propias arcas municipales, en concepto de recargo de prestaciones.

Sin embargo, los responsables municipales siempre negaron la existencia del accidente y continúan afirmando que todo está controlado y las condiciones ambientales escrupulosamente medidas. El Ayuntamiento, a pesar de ser declarado responsable del accidente, en ningún momento procedió a investigar los hechos ocurridos a fin de determinar los posibles culpables y las consiguientes responsabilidades.

En la CSI consideramos que los hechos sucedidos en aquel 7 de noviembre de 2008 han sido probados y tienen la entidad y la gravedad suficientes para que el Ayuntamiento decrete la apertura de una investigación encaminada a determinar los posibles culpables y el consiguiente expediente de responsabilidad disciplinaria frente a las personas que pudieran ser declaradas responsables en dicha investigación.