La CSI exige al Ayuntamiento de Avilés la apertura de una investigación para depurar responsabilidades por la intoxicación por cloro de 2008

El 7 de noviembre de 2008 se producía en la piscina municipal avilesina de La Magdalena, una intoxicación por cloro de 4 trabajadores. Las lesiones de dos de ellos provocaron secuelas irreversibles tan graves que dieron lugar a su jubilación por incapacidad para seguir trabajando. Los otros dos trabajadores, que resultaron también intoxicados, pudieron continuar en su puesto de trabajo.

Ahora, en 2014, tanto la Inspección de Trabajo, como la Seguridad Social y el Tribunal Superior de Justicia dictaron, en distintas informes y sentencias, la responsabilidad del Ayuntamiento en este accidente.

Así, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó una Resolución en la que se declaraba:

1-La existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por el accidente sufrido en las piscinas municipales de Avilés el 7 de noviembre de 2008.

2-La procedencia de que las prestaciones de incapacidad temporal derivadas del accidente de trabajo citado y de todas aquellas prestaciones de seguridad reconocidas o que se pudieran reconocer en el futuro, derivadas del mismo accidente de trabajo, sean incrementadas en un 30%.

Como consecuencia de ello, la Administración se declaró responsable del pago del consiguiente recargo de prestaciones a los trabajadores afectados. De este modo, la cantidad de dinero que el Ayuntamiento debe abonar a los trabajadores por su responsabilidad en este accidente, asciende a unos 360.000 €, de los cuales 160.000 corren a cargo de las aseguradoras, en concepto de indemnizaciones, y unos 200.000 a cargo de las propias arcas municipales, en concepto de recargo de prestaciones.

Sin embargo, los responsables municipales siempre negaron la existencia del accidente y continúan afirmando que todo está controlado y las condiciones ambientales escrupulosamente medidas. El Ayuntamiento, a pesar de ser declarado responsable del accidente, en ningún momento procedió a investigar los hechos ocurridos a fin de determinar los posibles culpables y las consiguientes responsabilidades.

En la CSI consideramos que los hechos sucedidos en aquel 7 de noviembre de 2008 han sido probados y tienen la entidad y la gravedad suficientes para que el Ayuntamiento decrete la apertura de una investigación encaminada a determinar los posibles culpables y el consiguiente expediente de responsabilidad disciplinaria frente a las personas que pudieran ser declaradas responsables en dicha investigación.