La represión continúa

La Corriente Sindical d’Izquierda (CSI) denuncia que la Delegación del Gobierno en Asturies abre expediente sancionador a dos trabajadores de Cajastur, militantes de la CSI, con multa de 300 a 30.000 euros por participar en una concentración contra la privatización de la Caja y contra el ERE implantado por la dirección de Liberbank, anulado posteriormente por la Audiencia Nacional.

El día 24 de octubre, trabajadores de Cajastur/Liberbank, junto con otros colectivos ciudadanos aprovecharon el concierto que, con asistencia de los príncipes de Asturies se celebró en el Auditorio de Uviéu/Oviedo, patrocinado por la propia Caja para protestar contra el proceso de privatización/liquidación y contra el ERE en aquel momento vigente en la entidad, firmado por la dirección, CCOO y UGT y que posteriormente fue anulado por la Audiencia Nacional, en base a una demanda presentada por la CSI y STC-CIC, al haber violado el derecho a la libertad sindical del resto de los sindicatos de la entidad y de los trabajadores y trabajadoras por ellos representados.

La protesta, absolutamente pacífica como el resto de las que desde hace más de un año vienen manteniendo los trabajadores y trabajadoras de Cajastur transcurrió sin ningún incidente y respetando en todo momento los exagerados dispositivos de seguridad establecidos con motivo de la presencia de los príncipes, pese a lo cual, al final de la misma, el mando de los antidisturbios identificó a dos trabajadores de Cajastur, militantes de la CSI, advirtiéndoles de que iban a ser propuestos para sanción por “hacer mucho ruido”.

Se da la circunstancia de que para el día siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturies había anulado la prohibición por parte de la Delegación de Gobierno de Asturies de una concentración solicitada por los mismos trabajadores de Cajastur en la Plaza de la Escandalera, coincidiendo con el acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturies.

Ahora, la misma Delegación de Gobierno, en lo que a todas luces representa una vendetta personal del Delegado del Gobierno en Asturies, Gabino de Lorenzo, abre un expediente sancionador a dos trabajadores de Cajastur, militantes de la CSI, con sanciones de 300 a 30.000 euros, alegando que “dirigían” la concentración citada y que, con un megáfono y una bocina emitían “un ruido molesto y ensordecedor tanto para los congregados y viandantes como para los invitados como para las autoridades que acudían al concierto, ruidos que alcanzaron su máximo auge en los minutos previos a la llegada de SS. AA. RR., los Príncipes de Asturies y en el momento en que estos hicieron acto de presencia en el exterior del Auditorio”.

La CSI quiere denunciar que, adelantándose a la Ley de Orden Público mediante la cual el gobierno de Rajoy quiere cercenar las libertades públicas en general y el derecho a la protesta social en particular, el Delegado del Gobierno en Asturies, Gabino de Lorenzo pretende impedir que quienes estamos sufriendo los recortes, los despidos, el pillaje de los banqueros y sus cómplices políticos y todos los efectos de esta estafa que llaman crisis podamos ejercer nuestro derecho a protestar y a reivindicar nuestros derechos.

Por parte de la CSI se ha presentado el recurso correspondiente contra las propuestas de sanción citadas.