CSI denuncia la persecución de sus militantes de la minería por Gabino de Lorenzo y la Guardia Civil

La Corriente Sindical d’Izquierda quiere denunciar públicamente, la persecución que siguen sufriendo sus militantes del sector de la minería, fundamentalmente en la cuenca del Caudal, por parte del Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, y la Guardia Civil.
Seguimientos constantes desde sus casas, registros minuciosos de automóviles o persecuciones por carretera, están a la orden del día, llegando, incluso, a poner en peligro la integridad física de los sindicalistas, al cruzarse los vehículos policiales en medio de la carretera. Y todo ello, acompañado de insultos y amenazas que se extienden a sus amigos y familiares por los bares y comercios de la zona.
No es la primera vez que ocurren esta clase de cosas, y siempre resultan ser el preludio de montajes policiales del tipo que ya se intentaron a raíz de las detenciones producidas durante las pasadas huelgas generales del 29 de marzo y 14 de noviembre.
Para la CSI, no hay duda de que estos hechos están motivados por la participación activa de sus militantes en la pasada huelga minera y en el resto de movilizaciones obreras que, actualmente, están teniendo lugar en Asturies.
Pero no es sólo esto. En Asturies llevamos centenares de personas detenidas, encausadas, multadas, heridas o lesionadas, actuaciones policiales brutales, allanamientos de sedes sindicales, ataques al derecho de reunión y manifestación, coacciones al derecho de huelga, etc. Desde hace tiempo, el Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, y su policía, vienen desplegando en Asturies una represión que resulta intolerable.
En definitiva, la represión ya es generalizada y puede caer sobre cualquier persona que tenga la ocurrencia de realizar cualquier tipo de protesta. Y todo esto, en un contexto en el que la policía actúa con total impunidad sin que, en ningún momento, dicha policía parezca estar subordinada a los derechos ciudadanos y las leyes vigentes.
Sin embargo, el Gobierno utiliza otra vara de medir distinta cuando, por ejemplo, no sólo no persigue los delitos de fraude fiscal, evasión de impuestos o corrupción, sino que los amnistía, los premia y garantiza la impunidad de quienes cometen dichos delitos.
Los mismos que nos mandan al paro, nos quitan las medicinas, nos cierran hospitales, degeneran la educación o hacen desaparecer los servicios sociales, no dudan en aumentar exageradamente el presupuesto para material antidisturbios y se lanzan a una política represiva en la que los trabajadores y trabajadoras, que son las verdaderas víctimas de la crisis, son tratados como delincuentes cuando salen a la calle con el único objetivo de pedir un trabajo y una forma de llevar el pan a su casa.
Pero nada de esto va a impedir que la CSI continúe dando una respuesta decidida, con la firmeza y la contundencia que sean necesarias para poner freno a todos los ataques que está sufriendo la clase obrera.
Lo que está ocurriendo en Asturies y en el Estado español, no es de recibo. No estamos dispuestos ni dispuestas a permitir que millones de parados y paradas tengan que comer de lo que encuentren en la basura, que cientos de miles de personas, originarias o inmigrantes, se mueran a las puertas de los centros sanitarios en los que sólo se atienda a quienes tengan dinero para pagarlo. No vamos a permitir que, otra vez, sólo los ricos tengan acceso a los estudios. No vamos a permitir que las personas con necesidad de atención social, acaben tiradas por las calles. No vamos a permitir que todo eso ocurra mientras banqueros, empresarios, especuladores y políticos corruptos amasan fortunas y nos tratan como si fuéramos mercancía de usar y tirar.
La represión no va a pararnos y, tarde o temprano, quienes utilizan la violencia institucional para ahogar las justas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, acabarán teniendo que rendir cuentas por ello.