La CSI de rechaza la actuación policial y las declaraciones del SUP

El pasado día 14 de noviembre, en el que se produjo una convocatoria de Huelga General en todo el país, los empleados públicos nos sumamos a una jornada de lucha contra los recortes y agresiones que llevamos sufriendo en los últimos meses, producto de una política de ataque frontal a los derechos sociales y laborales por parte del Gobierno del Partido Popular.
En esa jornada de lucha, la actividad en pueblos y ciudades de Asturies estuvo prácticamente paralizada y la mejor prueba es que los piquetes informativos, grupos de trabajadores que ejercen el derecho legalmente reconocido de informar para sumar adhesiones a la huelga, no tuvieron prácticamente actividad, salvo en casos aislados como algunas cadenas de supermercados con trabajadores precarios que venían siendo fuertemente presionados por sus jefes para que asistieran al trabajo ese día con la amenaza de despido fulminante.
Sin embargo, la tranquilidad de la jornada de huelga en Asturies se vio alterada por unos hechos acontecidos en Gijón, en los que se produjeron varios detenidos tras una actuación policial desproporcionada contra afiliados y militantes de nuestro sindicato y compañeros de otras organizaciones.
Estos hechos, golpes y detenciones, fueron el punto álgido, pero a lo largo de toda la jornada, los funcionarios que forman parte de las Unidades de Intervención Policial, los llamados antidisturbios, mantuvieron una actitud provocadora y desafiante ante los grupos de trabajadores que ejercían su derecho a informar a los trabajadores sobre los motivos de una convocatoria de huelga general que perseguía unos objetivos que, no lo olvidemos, las organizaciones que representan a los policías dicen compartir.
La respuesta dada por miles de trabajadores en Gijón ese mismo día, que decidieron manifestarse hasta la Comisaría de Policía de esta ciudad exigiendo la puesta en libertad de sus compañeros detenidos, fue cuestionada públicamente por el SUP, Sindicato Unificado de Policía, dicen que mayoritario entre el “Cuerpo” días después, exigiendo incluso responsabilidades entre los manifestantes “por haber vulnerado derechos ciudadanos”.
Desde la CSI en la Administración Pública, queremos manifestar en primer lugar nuestra indignación y repulsa tras los actos acontecidos el día 14-N en Gijón. Para nuestra organización, la criminalización de las protestas y de quienes participamos en ellas, forma parte de la hoja de ruta de un Gobierno que basa su actuación en la destrucción de derechos sociales y laborales. Y lamentamos que los sindicatos policiales que, por una parte, se alinean con otras organizaciones sindicales para impulsar convocatorias y movilizaciones, luego se presten a convertirse en brazo ejecutor de la represión con la que se quiere castigar al movimiento laboral, sindical y ciudadano.
Apuntarse con siglas a Plataformas Sindicales no sirve si luego las actuaciones de las organizaciones policiales y de sus afiliados van de la mano con el poder establecido al que reprochan que no les trate con dignidad.
La Corriente Sindical d’Izquierda no puede compartir espacios con quienes se ponen violentamente frente a nosotros cuanto salimos a la calle a defender nuestros derechos y nuestra dignidad. Y además, cuestionamos su papel como funcionarios públicos. Los empleados públicos tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente, y los cuerpos policiales en particular tienen atribuida la presunción de veracidad y el empleo en exclusiva de la fuerza, lo que hace que se deba ser aún más escrupuloso en el cumplimiento de la ley, y esos derechos incluyen el de huelga y manifestación, y no recordamos que se empleen con la misma violencia en los abusos patronales que recortan el derecho de huelga con amenazas y despidos (ahí no están, ni se les espera), ni recordamos el mismo ímpetu con los delitos económicos que campan a sus anchas a lo largo de este mal llamado estado de derecho. Los hechos de Gijón del pasado día 14 de noviembre, así como otros muchos ocurridos en Asturies y en el resto del Estado en las últimas fechas, de dominio público gracias a redes sociales y a la participación ciudadana, cuestionan de forma contundente el ejercicio de sus funciones por parte de quienes en las reuniones dicen ser nuestros “compañeros”.
Desde la CSI hacemos público pues nuestro rechazo a las actuaciones policiales desmedidas, nuestra repulsa a las manifestaciones del SUP llamando a que se encause a los promotores de una movilización ciudadana en Gijón para exigir la puesta en libertad de unos trabajadores detenidos arbitrariamente y manifestamos nuestra decisión de seguir en la lucha diaria en los centros de trabajo y en la calle, como ciudadanos en primer lugar, pero también como trabajadores y empleados públicos, contra unas políticas que atacan frontalmente nuestros derechos y nuestra vida.
Para los que olvidaron cómo se consiguieron los derechos que hoy nos roban, y cómo se puede acabar con las injusticias, les explicamos que cuando es necesario practicamos la Desobediencia Civil, la practicamos como el acto de no acatar una norma injusta de forma consciente, pública y no violenta manteniendo una actitud de protesta contra la autoridad con el fin de rectificar las agresiones que esta perpetra. En un sistema democrático, el desobediente civil viola la norma como medio de apelación a la mayoría.

“CUANDO UNA LEY ES INJUSTA, LO CORRECTO ES DESOBEDECER” (Mahatma Gandhi)