Ley de Tasas, no pararán si no los paramos

La CSI quiere manifestar con este comunicado, que con la actual ley de tasas, el Gobierno del PP avanza en un camino iniciado conjuntamente con el PSOE y resto de partidos burgueses del estado español, de reforma de la justicia con el único y exclusivo fin de la privatización de la justicia. No podemos separar esta ley del conjunto de leyes legisladas por todos los gobiernos que han pasado por el parlamento, que se agravan en su radicalidad contra los intereses de las clases populares, a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria, donde el gobierno de Zapatero con el PSOE, abre las puertas de la agresión sin contemplación a los intereses de las clases trabajadoras como hemos visto, con la reforma laboral, de las pensiones y los avances en la privatización de la sanidad, enseñanza o la dependencia, reformando incluso la constitución para priorizar el pago de la deuda.
Esta Ley de Tasas, es la continuidad de las distintas leyes y reformas aprobadas por los gobiernos de turno, de la ley de Partidos y de las distintas reformas del código penal, con el objetivo de parar la movilización obrera y popular (ya hemos visto su utilidad en el aumento de la represión en esta última huelga general), de las reformas de la legislación laboral con el despido libre y más barato que nunca, de la facilidad para el ERE, de la plena coincidencia de intereses del PP y PSOE, con la patronal bancaria y empresarial por el mantenimiento de la Ley Hipotecaria, no les vale ni les valdrá la eliminación de un atraco legal, pero no ético, que un ciudadano trabajador no solo pierda su vivienda, sino también su libertad quedando endeudado por vida, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, dando todas las facilidades al propietario para el desahucio del inquilino, negando tanto por el gobierno central como autonómicos y ayuntamientos, la necesidad de un parque público de viviendas en alquiler, que garantice estabilidad al inquilino y una renta adecuada a sus ingresos.
Una ley de tasas que deja clara la función de esta constitución monárquica, cuando resulta que en este estado clasista, la carta magna deja en manos de los diputados la posibilidad de regular el nivel de la gratuidad de la justicia, por lo tanto, una vez consagrado el mercado libre como principio universal, excepto los que puedan acreditar “insuficiencia de recursos para litigar”, tendrán que pagar una tasa, no para beneficio de la justicia gratuita que ya está suficientemente limitada, sino como un impuesto más que tiene dos objetivos: uno recaudar más dinero para el estado directamente por hacienda, para pagar las deudas de banqueros y empresarios con la banca Alemana y segundo, imposibilitar a las clases trabajadoras el acceso a la justicia, tanto como trabajador o trabajadora con la reforma de la legislación laboral y con estas tasas, a los mismos en su condición de consumidores y consumidoras, eliminando la justicia para el pueblo.
En la primera, porque al generalizarse el despido libre, pocas situaciones les sucederán para pleitear en defensa del puesto de trabajo y en la segunda, por salir tan caro plantear la demanda, como la reclamación planteada, que en general serán de pequeña cuantía y en ambos casos tener que hacer frente además de las tasas fijas, que oscilan entre los 150€ de la jurisdicción civil en un verbal, a los 350€ en un contencioso ordinario, a los recursos en apelación en el civil y contencioso 800€ y en casación 1.200, añadiendo aquí en lo social, en suplicación y casación 500€ y 750€ respectivamente, más las costas.
Una ley, que reencarna y nunca mejor dicho, por la fecha en que ha sido publicada en el BOE, el espíritu franquista de esquilmar hasta la extenuación, por encima del sufrimiento y muerte de muchas personas que viven en los límites de la pobreza, en unas condiciones de súper explotación para más enriquecimiento del rico y empobrecimiento del pobre, que es lo que se llama proceso de acumulación de capital, que el generalísimo Franco fue capaz de ejecutar a fuego de fusil y garrote vil, para bien de las familias que hoy mandan en el gobierno y que conforman la oligarquía financiera y empresarial española, hoy tienen una ley hecha a su medida, la ley de los ricos que permite la explotación, el atraco y la estafa a los pobres, las clases trabajadoras.
Solo nos queda manifestar la constatación literal con esta ley de tasas, con el conjunto de leyes que han sido aprobadas estos últimos años, que la oligarquía dominante banquera y empresarial está en una tremenda ofensiva en el proceso de acumulación de capital, exprimiendo al máximo los únicos lugares que quedan por sacar un beneficio, nuestras rentas del trabajo y escasos bienes que poseamos, utilizando la represión ,recortando derechos y libertades para impedir la movilización de la clase obrera y el pueblo, para continuar con su expansión imperialista por los países y pueblos empobrecidos, interviniendo militarmente y provocando guerras.
Llamamos a la continuidad de la movilización al conjunto de la clase obrera y el pueblo, a negar el apoyo a todos aquellos gobiernos que defiendan la política de recortes de la troika europea del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y sus voceros de la Comisión Europea, al no pago de la deuda ilegítima.
La CSI nos comprometemos a continuar la movilización contra la política de recortes del gobierno de turno, a favorecer las condiciones de nuevas huelgas generales hasta la retirada de todas las leyes y recortes ejecutados contra las clases trabajadoras. Al tiempo que lanzamos un llamamiento a la unidad de acción del sindicalismo alternativo de clase, a nuestro compromiso con esta unidad y a la unidad con todos los movimientos sociales y políticos que luchen por estos objetivos.
¡¡La unidad nos hace más grandes y fuertes, juntos podemos!! ¡¡Fuera este gobierno de mentirosos al servicio de la banca!! ¡¡Dimisión del gobierno de Rajoy!! ¡¡Por la movilización hacia otra huelga general!!